Cómo se ha librado Bolivia de la inflación que recorre América Latina (y por qué no es tan buena noticia como parece)

La economía mundial vive conmocionada por la ola de inflación global.

La guerra de Ucrania y los estímulos con los que los gobiernos respondieron al golpe de la pandemia han llevado el aumento de los precios a niveles que no se veían hace décadas.

En América Latina, el impacto de la subida es especialmente doloroso.

Según un informe reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), «para una región con unos niveles históricamente altos de desigualdad, la erosión de los ingresos reales debido al aumento del costo de los alimentos y la energía se sumará a la presión económica a la que ya hacen frente los hogares vulnerables».

El problema es tal que la inflación en las cinco mayores economías latinoamericanas ha llegado a su récord de los últimos 15 años.

Pero un país sudamericano ha podido hasta ahora librarse.

Se trata de Bolivia, donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha mantenido sorprendentemente estable. Cuandolas curvas de sus vecinos y de medio mundo se disparaban al alza, Bolivia llegó incluso a registrar una bajada de los precios del 0,1% de febrero a marzo de este año.

Mientras la inflación interanual se quedó en Bolivia en un magro 0,77% en marzo, el FMI estima que rondará el 10% para toda la región a final de año y las principales economías de la región se resienten por aumentos mucho más pronunciados:

El vecino Perú (6,8%) y Ecuador (2,6%) también se vieron afectados en mayor medida. Y las estratosféricas cifras de Venezuela (284,4%) y Argentina (55%) quedan muy lejos de las de Bolivia.

«Es muy difícil de explicar que Bolivia tenga una inflación tan baja en este momento», le dijo a BBC Mundo Roberto Laserna, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), un centro de análisis con sede en La Paz.

Pero son varias las causas.

Un boliviano fuerte

Al contrario de lo que sucede con las monedas de los países vecinos, sujetas a veces a fuertes variaciones en el tipo de cambio, la moneda nacional de Bolivia tiene un tipo de cambio fijo respecto al dólar estadounidense fijado por el gobierno socialista de Evo Morales hace ya más de 10 años (US$1 = 6,96 bolivianos).

Mientras otros países de la región tuvieron que implantar mecanismos de control de cambios para sostener su moneda y hubo grandes divergencias entre el tipo de cambio oficial y el verdadero precio de la divisa estadounidense en la calle, en Bolivia se puede comprar y vender dólares libremente, y el tipo de cambio se ha mantenido gracias a que el gobierno lo sostiene inyectando en el mercado dólares de sus reservas.

Hugo Siles, economista y ministro de Autonomías con Morales, le dijo a BBC Mundo que «los inmensos recursos obtenidos a partir de la nacionalización de los hidrocarburos del expresidente Morales permitieron seguir una política de apreciación del boliviano que ha contribuido a la baja inflación».

El gobierno del actual presidente Luis Arce ha mantenido las políticas de Morales para robustecer al boliviano, cuya relativa fortaleza frente a las monedas de vecinos como Argentina reduce el coste para Bolivia de importar mercancías.

En el contexto actual de auge de los precios de los alimentos y del petróleo en los mercados internacionales una moneda fuerte resulta especialmente ventajosa.

Además, como señala José Luis Hevia, investigador de la Fundación Milenio, «las expectativas bien ancladas en torno al tipo de cambio han hecho que la gente tenga confianza en la moneda nacional», otro factor que favorece la estabilidad de los precios

Subsidios y restricciones a las exportaciones

Productores y consumidores en todo el mundo se ven golpeados por el aumento de los precios de los combustibles y los alimentos.

Los bolivianos no han sentido hasta ahora ese golpe.

En su país el precio de la gasolina se mantiene estable en torno a los US$0,50 por litro y los artículos de la canasta básica tampoco han experimentado grandes incrementos.

Los expertos apuntan a los generosos subsidios del gobierno como causa.

Pese a que los costes del petróleo siguen disparados en los mercados internacionales, el monopolio estatal que distribuye la gasolina en Bolivia ha absorbido totalmente ese impacto al no alterar su precio subsidiado.

En consecuencia, los productores agrarios no se han visto empujados a trasladar a los consumidores finales el aumento de sus costes de producción derivado de la subida de los combustibles, como sí ha sucedido en otros países.

El país también cuenta con mecanismos que ayudan a contener la inflación en el rubro alimentario, como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), una compañía estatal que brinda apoyo financiero a los productores agropecuarios, y el Fondo Rotatorio de Seguridad Alimentaria, que importa alimentos con cargo a las cuentas públicas y los distribuye en el mercado para mantener los precios a la baja.

En una de sus últimas acciones, el Fondo inyectó 10.000 toneladas de harina de trigo en el mercado para evitar una subida del precio del pan.

Lian Lin, analista de la Unidad de Inteligencia del semanario «The Economist», asegura que «estas cosas mantienen baja la inflación de los alimentos y eso significa una gran parte del total del Índice de Precios al Consumidor».

Otro freno a la subida de los precios implantado por el gobierno son los certificados de exportación que se exigen a todos los productos que se venden en el exterior.

Cuando su abastecimiento en Bolivia a un precio que las autoridades consideran justo no está garantizado, pueden negar el certificado para exportar, forzando así un aumento de la oferta en el mercado interno que también alivia las presiones inflacionarias.

Cuánto puede durar

La pregunta clave es por cuánto tiempo seguirá Bolivia beneficiándose de una excepcional estabilidad en los precios en un mundo en el que la inflación se ha convertido en el principal enemigo de los bancos centrales y una de las principales mayores preocupaciones de la población.

José Luis Hevia pronostica que ya este año se sentirá «un aumento de la inflación por lo que está pasando en el contexto internacional, pero será relativamente moderada».

«Pero todo dependerá de por cuánto tiempo se pueda sostener el modelo actual», añade el experto.

Y es que muchos economistas advierten de los efectos adversos de la política de subsidios del gobierno boliviano y crecen las dudas sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Un reciente informe del Banco Mundial estima que la deuda pública boliviana se acercará al 80% del Producto Interno Bruto (PIB) a finales de 2022, más de diez puntos porcentuales por encima de la media regional.

El Ministerio de Economía y Finanzas respondió con un comunicado en el que aseguró que el ratio de deuda pública sobre el PIB se situó en febrero en un 43,6%, «por debajo de los límites establecidos como recomendables».

El Ejecutivo también acusó del «explosivo incremento de la deuda interna registrado en 2020» al gobierno interino que presidió Jeanine Áñez, la dirigente que asumió el poder tras la caída de Evo Morales y hoy se encuentra en prisión acusada de terrorismo, sedición y conspiración.

Hevia indica que «el tipo de cambio fijo ha sido muy eficaz a la hora de controlar la inflación, pero tiene efectos no deseados en la economía porque desincentiva la producción local al abaratar las importaciones y requiere de un gran colchón de recursos externos para sostenerlo».

Y ese empleo de recursos en respaldar la moneda nacional se percibe hace tiempo en un notable incremento del déficit fiscal y una merma sostenida de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia.

Hasta 2015 Bolivia acumuló ingresos procedentes principalmente de las exportaciones de gas y llegó a haber hasta US$15.000 millones en las reservas del Banco Central. Pero esa cifra ha ido cayendo y en diciembre de 2021 eran US$4.752 millones.

Con un déficit fiscal que, según las proyecciones del Banco Central, cerrará el año en un 8,5% del PIB, preocupa que el país siga consumiendo sus reservas para costear los subsidios que mantienen los precios bajo control y que se estima que le cuestan al Estado alrededor de US$4.000 millones cada año.

Hay otros factores de preocupación. Roberto Laserna, de Ceres, afirma que «la nacionalización de los hidrocarburos generó un gran volumen de recursos a corto plazo, pero a medio plazo desincentivó la inversión extranjera».

Esto se ha traducido en años de caída de la producción de gas y Bolivia se ha visto incapaz de cumplir algunos de los compromisos de suministro adquiridos con la vecina Argentina, con la que se negocian nuevos acuerdos.

El exministro Siles no ve motivos para la preocupación. «Bolivia vende gas, electricidad y materias primas como la soya o los minerales, cuyo precio en el mercado internacional también está subiendo, lo que va a aportar mayores divisas».

Y vaticina: «El gobierno no va a eliminar las subvenciones ni alterar el tipo de cambio porque eso significaría trasladar la carga a la gran mayoría de la población».

No todos están convencidos.

Lian Lin cree que » Bolivia aún disfrutará algún tiempo de viento de cola por el precio del gas pero en el futuro el tipo de cambio tendrá que rebajarse un poco al menos y habrá algún tipo de devaluación gradual y recortes en los programas del gobierno».

El tiempo dirá qué pronóstico es el correcto.

De momento, la última emisión de deuda boliviana el pasado febrero se colocó a una tasa de interés del 7%, un aumento en la rentabilidad exigida a los bonos que suele asociarse a una menor confianza de los inversores y que pone de manifiesto la mayor dificultad que ahora encuentra el Estado boliviano para financiarse.